Un documento incautado por Anticorrupción habla de 3 millones de euros a pagar al alcalde de Santa Cruz

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Noticia publicada a las 20:00
lunes, 04 de diciembre de 2006

La Fiscalía vincula a un narcotraficantre prófugo de la justicia con la trama de comisiones en Tenerife MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía Anticorrupción entregó hoy un informe al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el que se señalan pagos comprometidos por la empresa Parque Marítimo Anaga -propiedad de una filial de la empresa de inversiones intervenidad Fórum Filatélico- a distintas autoridades de Santa Cruz de Tenerife, entre ellas el alcalde, Miguel Zerolo (Coalición Canario). En concreto, se alude al pago de 3 millones de euros a la formación política que representa.

En el informe remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que instruye el denominado "caso Fórum", Anticorrupción alude a documentos que fueron intervenidos en la sede madrileña de Fórum el pasado mes de mayo. Se refieren al supuesto cobro de comisiones relacionadas con la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz y con la recalificación de dos parcelas en Valle de Tahodio Según informaron fuentes jurídicas, uno de los documentos incautados, suscrito por el arquitecto implicado Julio Aumente, señala directamente a los compromisos económicos asumidos que son "imposibles de modificar", así como a los plazos estipulados para su abono.

En este capítulo se encuentran anotados "compromisos" por valor de 60.000 euros al presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés y Anaga, Luis Celso; 30.000 euros pagaderos a la asesora urbanística en relación con las asociaciones vecinales Herminia Gil y, para el presidente de la autoridad portuaria, Luis Suárez, el 50 por ciento del valor de las obras a ejecutar por dicha institución en el ámbito de la concesión.

También figura incautado un organigrama con los nombres de las personas que intervienen de una u otra forma en estas operaciones, sin que esa inclusión nominal, según la Fiscalía, pueda suponer por sí sola un indicio de responsabilidad penal. Se destaca también a aquellas personas que, por algún motivo interesa "mantener" compensados, que son el presidente del Puerto, el alcalde, la asesora y el presidente de la asociación de vecinos.

PRÓFUGO.

Anticorrupción vincula al condenado por narcotráfico y blanqueo de capitales José manuel Carlos Llorca Rodríguez con la presunta trama de corrupción urbanística en Tenerife, en la que Baltasar Garzón implica al alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo (Coalición Canaria) y a otras trece personas.

El informe de Anticorrupción se basa en dos documentos concretos, el primero denominado por sus propios autores como "nota sobre temas pendientes para AM y JR", en referencia al ex director general de Fórum Filatélico, Antonio Merino, y al asesor jurídico de la entidad Juan Ramón González. El segundo aparece bajo el epígrafe: "confidencial. Notas sobre la reunión de 24/mayo/2005 en las oficinas de Cuadra Asociados en Marbella".

Por lo que se refiere a Zerolo, el segundo de estos documentos le implica directamente con la recalificación de los citados terrenos en Valle de Tahodio, ya que se alude a que "respecto al pago reclamado por el alcalde, habrá que ver el porqué y a cambio de qué".

Existen otros papeles, según las mismas fuentes, que hacen referencia a reuniones de los interesados con autoridades y funcionarios públicos. Así, en un fax dirigido en julio de 2005 por uno de los abogados del bufete Cuadra Asociados al también investigado arquitecto Julio Aumente, se le pide que prepare las reuniones con la autoridad portuaria y el Ayuntamiento con el fin de negociar los últimos flecos de la operación antes de la aprobación provisional del Plan General de la ciudad.

Igualmente, se habla de una reunión en la isla a la que acudiría el presidente de Fórum, Francisco Briones, y se alude al "innombrable", apelativo que presumiblemente va destinado al prófugo Llorca.

Anticorrupción cree que la primera de las notas fue elaborada por Llorca, mientras que el segundo documento lo redactó algún responsable del citado despacho de abogados. También se dispone de una factura del bufete marbellí Cuadra en la que se factura a la filial de Fórum Grupo Unido de Proyectos y Operaciones S.A. por diferentes conceptos en relación con Parque Marítimo Anaga S.A.

En el segundo documento incautado se hace referencia, en uno de sus apartados al asunto de "Canarias" y, en concreto, a la gestión administrativa para la construcción y explotación del puerto deportivo y club de mar en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y a la recalificación de las parcelas en Valle de Tahodio. En un auto dictado hoy, Garzón se inhibe de investigar los hechos a favor del decano de los Juzgados de Instrucción de Santa Cruz de Tenerife. El juez remite el informe de la Fiscalía junto con los documentos intervenidos a la justicia tinerfeña para investigar el posible delito de cohecho "o cualquiera otra infracción penal que se derive del testimonio que se adjunta" Tanto la concesión del puerto como los terrenos aludidos, según el informe de Anticorrupción, son activos de la empresa Parque Marítimo Anaga, cuyo accionariado pertenece en un 99,99 por ciento a la filial inmobiliaria de Fórum. Según la Fiscalía, la filial carece de toda subsistencia sin la matriz Fórum y actúa para ésta.

"BALLENA BLANCA".

La filial de Fórum adquirió parte de su accionariado en el Parque Marítimo por la venta de acciones que le hizo la empresa Pharus Iberia S.L., sociedad vinculada a Llorca que se investiga en la causa judicial a raíz de la "operación Ballena Blanca" contra el blanqueo de capitales en la Costa del Sol. La otra parte del capital fue adquirida mediante la compara de acciones de diferentes sociedades interpuestas que según la investigación buscaban esconder a los verdaderos titulares frente a las autoridades administrativas.

El equipo gestor de Parque Marítimo estaba compuesto, según la investigación de la Fiscalía, por José Ana Pérez Labajo (que según los investigadores aparece públicamente como dueño, pese a que vendió su participación al verdadero propietario, que es Llorca) y dos abogados del bufete Prius.

MEDIADORES Los documentos incautados apuntan a la posible realización de pagos ante determinadas instancias, cuyo alcance, motivo y pertinencia no se explicitan. Así, se señala que, por encargo de Llorca, las labores de gestión ante las Administraciones fueron asumidas por el arquitecto implicado Julio Aumente y por el también imputado José Ana López, a quien se dio la libertad de disponer económicamente de lo necesario para tal fin.

En la citada documentación también se señala que éste último realizó una importante labor de presión "a las más altas esferas políticas", obteniendo una revisión de la concesión administrativa inicial del puerto, así como un aumento muy significativo de la edificabilidad.

El informe de la Fiscalía agrega que el arquitecto Aumente manifiesta en uno de los documentos incautados que tomó el relevo en la gestión de Parque Marítimo bajo el criterio y supervisión de Llorca, y que tras implicación de éste en la "Operación Ballena Blanca", nadie en Tenerife quería tener relación con nada que tuviera que ver con Marbella y menos con despachos de abogados de la localidad malagueña.

De forma indiciaria, según el juez Garzón, se deduce que en el curso de esas operaciones "habrían podido ser solicitadas ciertas cantidades de dinero por parte de diversas autoridades locales a las personas comprometidas en la gestión de los activos anteriormente referidos, sin que hasta el momento exista constancia de si las cantidades han sido pagadas y recibidas".

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