Así es la RIC. La Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) es el incentivo más potente del Régimen Económico y Fiscal (REF), constituye una exención de impuestos del Estado a las empresas, siendo exclusivo para esta Comunidad Autónoma. Se gestó con la intención de estimular el esfuerzo inversor de las empresas que desarrollan su actividad en las islas. Este mecanismo fiscal permite una reducción de la base imponible en el Impuesto de Sociedades de hasta el 90% de los beneficios no distribuidos. El montante de esa rebaja fiscal, concedida sólo a los empresarios que operan en Canarias, han de invertirlo en un plazo de cinco años en adquisición de “activos fijos nuevos o usados”, en la suscripción de títulos de valores o anotaciones en cuenta de Deuda Pública, o en participaciones en el capital de sociedades.

Esa es su definición. Así de simple, de escueta o de objetiva. Probablemente la mayoría de nosotros nos quedemos igual al leerla, pues no entendemos de economía, ni de fiscalidad, ni sepamos diferenciar al oírla si eso es bueno o malo para la economía canaria. Incluso desearíamos creer y confiar en que se ha hecho con buena intención y que los gobernantes sabrán lo que hacen…

Sin embargo, el propio documento oficial elaborado por una comisión de expertos nombrados por el Gobierno estatal y canario, reconoce en su texto 1 que hay que ampliar las alternativas de inversión de la RIC “para evitar un uso ineficiente de la misma y la generación de presiones inflacionistas sobre determinados sectores, particularmente el inmobiliario” (textual). Asimismo, admiten que buena parte de la RIC se ha canalizado “hacia inversiones, no sólo ineficientes para el logro de los objetivos perseguidos, que son básicamente la mejora del empleo y de la competitividad de la economía canaria, sino incluso ha sido contraproducente con las singulares características de la región (por ejemplo, encareciendo el suelo disponible)”(textual 2)

Y esto lo dice la Comisión de sabios porque en los años que lleva funcionando la RIC (desde 1994), las empresas que más se han beneficiado de esta rebaja fiscal, las que han acumulado mayor cantidad de dinero de la RIC, son las constructoras. ¿Qué debe hacer una empresa de este sector para no declarar el 90% de sus beneficios, que es lo que le permite la REF? Pues comprar suelo, seguir construyendo, e ir aumentando su capital y sus inversiones inmobiliarias. Es cierto que generan empleo en la construcción, pero no es menos cierto que los bienes e inmuebles resultado de esa actividad, quedan a nombre de la empresa, con lo cual se enriquecen de manera exponencial, a costa de un dinero que en su origen era público, al ser impuestos no declarados.

La pregunta inmediata de cualquier ciudadano normal es: ¿Por qué entonces la construcción, y por tanto su actividad económica generadora, no ha sido llevada a cabo directamente por la Administración, ya que es dinero público, y los bienes resultantes hubieran sido también públicos?. Pero es más, ya que se trata de dinero que hubiera ingresado la Administración, ésta se lo hubiera podido gastar, no sólo en construcción, sino en cualquier otra política del Gobierno: dinamizando sectores de empleo más sostenibles, o creando más puestos de trabajo en Sanidad, Educación o en Servicios Sociales,…

En fin, son preguntas obvias y razonamientos obvios, a poco que entienda uno la forma de funcionar que ha tenido la RIC en estos 10 años. Ahora bien, podemos seguir encogiéndonos de hombros, pensando que no será tanto el valor económico del que estemos hablando, y no tengamos ganas de liarnos a pelear por una cuestión de “arreglo monetario” entre políticos y empresarios de la construcción.

Pero claro, si ponemos los datos económicos sobre la mesa, y vemos de qué presupuestos hablamos y en qué podía haber mejorado nuestra situación económica, nuestra calidad de vida y nuestro propio bienestar, quizás cambiemos de opinión.

Según datos de los economistas, los impuestos no declarados de la RIC suponen unos 1.800 millones de euros anuales. Los empresarios hacen uso de ese dinero de la manera que se definió al principio de este texto. Ello ha generado, como reconoció el Comité de sabios, un encarecimiento del suelo (por la propia especulación que llevan a cabo esos empresarios), una inflación del sector inmobiliario y una bolsa de viviendas vacías (compradas o construidas con ese dinero) más grande de toda España. Pero es que, además de todo lo contraproducente que ha sido para el ciudadano normal el uso de esa RIC, hay mucho dinero aún acumulado de los años anteriores que no han gastado todavía los empresarios. Los datos oficiales dicen que desde 1994 hasta el año 2002 hay acumulados 12.300 millones de euros, aún sin gastar. Del año 2002 hasta el momento presente, no hay datos aportados por el Gobierno.

Para que se hagan una idea comparativa de lo que significa la RIC con respecto a los gastos del Gobierno, la Ley 5/2004, de 29 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2005 (B.O.C. nº 254, viernes, 31 de Diciembre de 2004 3) distribuye el presupuesto de la siguiente manera (datos en números redondos):

• En los Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal, el presupuesto de Canarias para 2005 es de 110 millones de euros.

• En toda la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, su suma global para 2005 es de 117 millones de euros.

• En la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, se gastan 136 millones de euros en el año 2005.

• En la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, su presupuesto no supera los 124 millones de euros para 2005.

• En la Consejería de Turismo no llegan a 87 millones de euros en el año 2005.

• En la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales se gastan 285 millones de euros en el año 2005.

La suma del gasto público en todas estas políticas (Justicia, Medio Ambiente, Ordenación del territorio, Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación, Industria, Comercio, Inversión en Nuevas Tecnologías, Turismo, Empleo, Asuntos sociales) es de 859 millones de euros para el año 2005. Debido a la RIC, se dejan de recibir 1.800 millones de euros anuales al erario público. Es decir, el doble de dinero que lo que supone la suma de todo lo que se gasta esta Administración Canaria en las políticas nombradas.

O si se compara con la Sanidad en Canarias, el montante de dinero que deja de ingresar la Administración debido a la RIC, serviría para DUPLICAR el presupuesto del Servicio Canario de la Salud. También serviría para DUPLICAR el gasto de Educación, Cultura y Deportes.

Si dividimos la cantidad de la RIC por el nº de residentes en Canarias, y no sólo de los que cotizan, sino incluidos ancianos, adultos y niños, tocaría a repartir para cada persona: 1.000 euros anuales. Así, por ejemplo, una familia de 4 miembros recibiría 4.000 euros todos los años por reparto de la RIC.

¿No creen ahora que sí es importante que hablemos de la RIC?, ¿No creen ahora que sí vale la pena quejarnos de la RIC, cuando podíamos haber mejorado otras políticas tan importantes en Canarias como todas las nombradas hasta ahora?, ¿No les da más rabia ahora saber que ese dinero lo han invertido, y lo siguen invirtiendo, los empresarios más ricos en comprar suelo, en construir y en adquirir más bienes inmuebles a su nombre, con dinero nuestro que no va a parar a educación, o sanidad, o empleo, o asuntos sociales, …?

Lo más aberrante de esta situación es que con ese dinero los empresarios pueden adquirir deuda pública. Eso significa que los impuestos que deben pagar a la Administración de sus beneficios, en vez de pagarlos como el resto de los contribuyentes, se lo prestan al Gobierno y luego el Gobierno debe devolvérselo y con intereses. Así, la Administración dice que puede ejecutar determinadas infraestructuras que son públicas. ¿Entonces, por qué no les cobran esos impuestos, igual que nos los cobran a todos los que trabajamos, y las obras de infraestructuras que el Gobierno quiera realizar, las hacen con ese dinero y no tendrían que devolvérselo a los empresarios?

Eso no pasa en ningún sitio fuera de Canarias. En el resto de España, los empresarios pagan sus impuestos, como el resto de los trabajadores y contribuyen a mantener nuestra sanidad y todos nuestros servicios públicos. Aquí, en Canarias, no. Los que mantenemos el sistema, somos los trabajadores a sueldo y los mismos empleados de dichos empresarios,… Somos nosotros los que les pagamos sus carreteras, sus casas, sus colegios y su sanidad. Ellos no sólo no contribuyen al mantenimiento del sistema, sino que nos quitan lo que es nuestro.

Pero claro, los radicales somos nosotros. Nosotros somos los “anti-sistema”, ellos no. Ellos se aprovechan del sistema, que somos nosotros.

Yo también quiero que el Gobierno no me cobre mis impuestos, que yo luego se los presto para que también me los devuelva con intereses. ¡YA ESTÁ BIEN!