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ACN. Puerto del Rosario

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias así lo dictaminó en una sentencia que da la razón al Cabildo de Fuerteventura al negarse a conceder la autorización a la empresa Oliva Oceánidas, S.L., para la construcción de seis hoteles de 4 estrellas que suman un total de 2.810 habitaciones y 5.716 camas recogidas en el Plan Parcial SAU 8 de El Cotillo aprobado por la anterior corporación municipal liderada por Domingo González Arroyo.

La compañía Oliva Oceánidas, SL, propietaria de los terrenos donde tenía pensado construir los complejos hoteleros presentó entonces un recurso contra las resoluciones del Cabildo de Fuerteventura por las que en su día se denegaron las autorizaciones para construir los seis hoteles en El Cotillo.

Según fuentes cercanas al procedimiento judicial, el principal escollo al que se enfrentaban tanto Ayuntamiento de La Oliva como la corporación insular majorera era el dejado por el anterior Grupo de Gobierno municipal del PP, que en su día cursó un formulismo para otorgar una licencia municipal para la construcción de los hoteles, aunque condicionada a la autorización del Cabildo de Fuerteventura.

Sin embargo, lo que sí llevó a cabo la anterior corporación liderada por Domingo González Arroyo fue la recaudación de las tasas e impuestos derivados de las licencias, a pesar de no contar con el visto bueno del Cabildo de Fuerteventura, y que según fuentes del Ayuntamiento podría ascender a 1.100 millones de las antiguas pesetas que “ya no están en las arcas municipales”.

La batalla legal emprendida en su momento por Oliva Oceánidas, S.L., se centró en estas licencias municipales provisionales otorgadas por la corporación norteña y en el retraso del Cabildo para dar una contestación, alegando silencio administrativo.

Sentencia, practicamente firme

Sin embargo, el TSJC recoge en su sentencia no sólo que se da por probado que no existió silencio administrativo sino que, además, determina que en el proyecto de construcción de los seis hoteles y cerca de 6.000 camas existen errores y fallos técnicos que justificaron en su momento que el Cabildo no diese los permisos.

A pesar de que cabe un recurso ante el Tribunal Supremo es casi imposible que se varíe el contenido de la contundente sentencia del TSJC y en el caso de que la empresa afectada decida presentarlo podría alargarse más de 5 años antes de tener una resolución en firme.

Lo que sí comenzará a negociarse desde este jueves, según fuentes del Ayuntamiento de La Oliva, es la liquidación de las tasas e impuestos cobrados por la corporación de González Arroyo en la anterior legislatura y para la que la propia alcaldesa de La Oliva, Claudina Morales, ha solicitado ya la colaboración de instituciones como la máxima institución majorera o el propio Gobierno de Canarias.

Asimismo, desde el Ayuntamiento se espera poder llegar a un acuerdo con Oliva Oceánidas, SL, para la adquisición de los terrenos y su conversión en suelo de titularidad pública.

En cuanto al resto del Plan Parcial SAU 8 de El Cotillo, que comprenden las nuevas calles construidas y la instalación de farolas también se encuentra en vías de negociación y ha sido recurrido por el Gobierno de Canarias para su paralización definitiva y la demolición de todas las calles recientemente asfaltadas y su posterior recuperación como zona natural.