A mediados de 2001 el Consejo de Ministros autorizó la concesión de un crédito con cargo al FAD de 22.366.269 dólares a la República Islámica de Mauritania para construir un fondeadero para petroleros y un parque de depósitos en el puerto de la capital.

El crédito de 4.305.125 dólares con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo se justificaba como aportación adicional para atender sobrecostes en ese proyecto.

Una pregunta escrita al Gobierno, registrada por el diputado de Izquierda Verde Joan Herrera, señalaba que “nos parece significativo que se concedan créditos FAD precisamente en relación con la explotación de hidrocarburos en Mauritania, que realiza la misma compañía participante en un consorcio con Repsol para la exploración y explotación de hidrocarburos en Canarias”.

En enero de 2002 el Gobierno español concedió a Repsol nueve permisos entre la costa de Marruecos y las islas de Lanzarote y Fuerteventura, y en octubre del mismo año se anunció la creación de un consorcio entre Repsol (50%), la petrolera alemana RWE-DEA (20%) y Woodside (30%) para la exploración de gas y petróleo en Canarias.

La compañía petrolera australiana Woodside lleva a cabo desde 2003 la explotación de dos pozos petrolíferos en aguas atlánticas frente a la costa mauritana, denominados Chinguetti y Banda. “Esta empresa -según el texto de la pregunta-, será la principal beneficiaria privada de las obras sufragadas con el FAD español cuando el proyecto que ahora se financia funcione a pleno rendimiento.”

El diputado preguntaba al Gobierno incidiendo en que estos créditos FAD financiaran infraestructuras “a beneficio de una empresa privada que a su vez mantiene con Repsol acuerdos económicos para la prospección y explotación de hidrocarburos” y planteaba que estos créditos pudieran ser “una compensación a Woodside por los retrasos en los permisos de prospección comprometidos por Repsol en Canarias”.

Según el redactor de esta pregunta, Octavio Hernández, “en 1997 Mauritania concedió permisos de exploración a un consorcio en el que participaba la australiana Fusion Oil y en mayo de 2001 la Woodside Petroleum descubrió el yacimiento Chinguetti 1, continuando así mismo las prospecciones sísmicas en la zona de Banda. Woodside ha participado en más de una veintena de exploraciones a lo largo de la placa marroquí, saharaui y mauritana.”

Una ONG sin un euro frente al pozo petrolífero

Hernández señala que “cuando se habla de frenar el flujo de inmigración mauritano con ayuda al desarrollo, es necesario aclarar a la opinión pública en qué invierte España el dinero de la Ayuda al Desarrollo”. El descubrimiento de las riquezas de Chinguetti “disparó los movimientos de tanteo en toda esta costa atlántica, incluida Canarias, y contrasta con la vida de la gente en la localidad mauritana del mismo nombre, donde una ONG española atiende a la población que vive en condiciones miserables, mientras el Gobierno español gasta miles de millones de dólares en infraestructuras portuarias ligadas a los intereses petroleros de los yacimientos, diciendo que eso es bueno para el desarrollo del país”.

La paralización de las prospecciones cerca de Fuerteventura y Lanzarote –según Octavio Hernández- “se deben precisamente a que Woodside ha dado prioridad a los yacimientos mauritanos, mientras Repsol prioriza los bloques de exploración de gas natural situados en el Atlántico entre España y Marruecos al Sur de Andalucía, quedándose descolgada Canarias por ahora debido a estos intereses del Consorcio.”

En su respuesta, el Gobierno central eludió referirse a las actividades de estas empresas, justificando los créditos porque sirven para “fomentar las exportaciones de bienes y servicios españoles y contribuir al desarrollo” de Mauritania, por la creación de empleo y porque “permitirá el atraque de barcos con una capacidad acorde a la evolución del consumo”, así como la creación de una “reserva estratégica en productos petrolíferos”.

A este respecto, Octavio Hernández señala que “la experiencia en toda la costa atlántica africana es que la explotación petrolífera constituye un expolio de estos países, provocando la desestabilización interna y fomentando golpes de Estado como el reciente de Mauritania, y es la población civil la principal perjudicada. Además, mientras el gobierno español invierte en petróleo, nada se dice de la esclavitud que se practica en Mauritania y que afecta a medio millón de personas, convirtiéndolo en el segundo país esclavista del continente, detrás de Sudán.”