Hasta el momento son doce los imputados por malversación de caudales públicos y prevaricación por el “pelotazo” de Las Teresitas, entre ellos Antonio Plasencia, presidente de FEPECO (Patronal Provincial de Entidades de la Construcción) Ignacio González, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, y Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz. Los dos primeros deben responder ante la Ley de las actuaciones presuntamente delictivas de las que se les acusa.

El caso de Miguel Zerolo es diferente y de su actuación en la trama de Las Teresitas deben derivarse también consecuencias políticas inmediatas. Sus decisiones han supuesto, muy presumiblemente, una estafa consciente a todos los ciudadanos de S/C. Eso es lo que se desprende del informe pericial encargado por la fiscal Anticorrupción de Tenerife, María Farnés, que demuestra que el valor de los terrenos en primera línea de la playa no superaba los 15 millones de euros el día en que el Ayuntamiento de Santa Cruz los compró por 52 millones.

En el Sumario del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre el caso de Las Teresitas, consta que la arquitecta municipal Pía Oramas, admitió ante la jueza Carla Bellini que fue objeto de presiones por parte de técnicos y cargos políticos del Ayuntamiento para que informara favorablemente tasaciones muy superiores a la real.

Aún cuando todavía el proceso está en curso, la mera imputación de delitos tan graves exige, por un elemental sentido del decoro, la dimisión inmediata del alcalde. La ciudad de Santa Cruz no se merece seguir siendo gestionada por personas que, según todos los indicios, han utilizado los recursos públicos para favorecer fraudulentamente intereses privados.