siempre están especulando con los terrenos a favor suyo. si hace falta recalificar un terreno agrícola pues se hace y ya está. en cambio, un simple ciudadano que tenga un terreno y quiera construirse una casa para tener una finca... es muy triste que se estén cargando la isla de esta manera. primero nos quitan las olas, luego nos contaminan el aire, la charca, nos gobiernan políticos de poco compromiso social y ahora nos quieren poner unas infraestructuras que para nada nos hacen falta. me explico. si la cárcel no va a cumplir la función rehabilitadora, qué tipo de presos entrarán en una cárcel que está a 300m del núcleo urbano?. si los terrenos están protegidos y además son de interés científico, por qué no lo preservamos para nuestros hijos?. si tenemos uno de los sitios más ventosos y soleados del planeta, no generaríamos suficiente energía para toda la isla? además existe una alternativa que muy poca gente conoce. resulta que si colocamos unas hélices especiales debajo de las presas (del parralillo al siberio y del siberio al mulato) generaríamos el 35% de la energía necesaria para toda la isla. y lo más importante no contamina. la solución sería, bajo mi humilde opinión, la siguiente: los presos extranjeros repatriados a su país, fomentar el uso de las energías renovables, impedir la recalificación de terrenos agrícolas y espacios naturales y de interés científico; y sobre todo y lo más importante, que nuestros políticos tengan el salario mínimo interprofesional, ya que ellos llegan de puta madre a final de mes, y si las cosas van mal les da igual. para lo único que se meten en política es para ganar dinero a costa del pueblo (sírvase de ejemplo Pacuco). señores hay que unirse por nuestra isla. pa lante

La Asociación Chuchango Verde rechaza la construcción de una macro cárcel en Gran Canaria.
La aprobación del Plan de Centros Penitenciarios del Consejo de Ministros del viernes 18 de noviembre de 2005, a partir del cual se decide construir una macro cárcel en Gran Canaria, lejos de solucionar el actual problema de hacinamiento que sufre la prisión de Salto del Negro, es una apuesta por políticas manifiestamente contrarias a la reinserción de la persona penada. Baste comprobar el diagnóstico de las personas habitantes de las citadas instalaciones, para comprobar que no se necesitan más cárceles, sino más medidas alternativas. Esta idea, queda reforzada por el escaso éxito de las cárceles para frenar la delincuencia y por consiguiente lograr una efectiva reinserción. El coste económico de las mismas supera el triple que el de un centro alternativo como veremos más tarde.
Tanto las cárceles canarias como las del resto del estado, están repletas de presos enfermos, el 80% son drogodependientes, 1 de cada 3 sufre Hepatitis C, y el 15% tiene VIH. El número de enfermos mentales en prisión es elevado, y en aumento desde la puesta en marcha de los juicios rápidos que dificultan su detección. Las infracciones origen de las condenas se deben mayoritariamente a pequeños delitos contra la propiedad, a fin de sufragar la drogadicción. El 70% de los que reinciden -a la que se va convirtiendo en su segunda casa- se debe a delitos contra la propiedad. El 14% se debe a delitos relacionados con el tráfico de drogas. La tasa de delincuencia grave es mínima. Los robos con violencia e intimidación y los delitos contra la libertad sexual no suponen ni el 5% del total, y los homicidios no llegan al 2% de los mismos.
Los resultados de la actual política penitenciaria hablan por sí solos. El fracaso del actual sistema de macro cárceles es estrepitoso, el 73% de los actuales presos han sido condenados con anterioridad. De los excarcelados el 49% vuelven a prisión en un corto periodo de tiempo, en menos de tres años.
Así pues, ante este panorama de una población penitenciaria mayoritariamente enferma, que comete delitos de leve peligrosidad y que no logra su reinserción en el actual modelo, no queda sino proponer un debate serio, a fin de introducir una nueva política penitenciaria, que se sustente en la prevención, y en atención/subsanación de las causas origen de la delincuencia, que no son sino la exclusión social de que proceden y a donde se reintegran una vez extinguida la condena, así como la creación de centros alternativos de atención al drogodependiente, enfermo mental y discapacitado intelectual, a fin de lograr el fin de la delincuencia y una efectiva reinserción. Todo ello acompañado de una nueva política de drogas que debata su legalización y ponga fin a la criminalización de los drogodependientes.
El interés social es evidente, y el económico claro, véase la diferencia espectacular entre los costes que genera al Estado de una persona que se encuentra en prisión a otra que está en una Comunidad Terapéutica.
La cantidad destinada a la política penitenciaria se distribuye aproximadamente:
- 86.82% a instalaciones, administración y vigilancia.

- 13.16% a programas de rehabilitación y reinserción

- Cantidad anual que cuesta al Estado la plaza de persona presa en un centro penitenciario: 12.659,60 €...

- Cantidad anual que cuesta cada nueva plaza en una macro cárcel: 32.850 €, es decir, más de 5 millones de ptas.

- Por día en macro cárcel 90 €

- Por día en un programa de rehabilitación 18 €
Así pues, rehabilitar a todos los presos con problemas de drogadicción costaría anualmente en España unos 309.310.879 €, entre programas de rehabilitación y comunidades terapéuticas. Mientras que el coste anual que representan las personas presas al Estado oscila en torno a los 973.639.609 €. Por ello, debería destinarse el dinero previsto en centros de esta naturaleza y no en incrementar los Centros Penitenciarios.
Por otro lado, la extensión de la utilización de medios telemáticos, con las adecuadas garantías para no vulnerar los derechos de los presos, puede ser un medio útil para evitar el actual hacinamiento en las prisiones.
Por eso desde la Asociación Sociocultural Chuchango Verde, queremos mostrar a la sociedad, a sus instituciones y a los partidos políticos nuestra preocupación por la falta de claridad y de criterio a la hora de tomar la importante y trascendente decisión de futuro de construir una macro cárcel en la isla de Gran Canaria, tal y como tiene aprobado y proyectado el actual Gobierno del estado.
El rotundo rechazo a la construcción de un centro de este tipo en nuestra tierra responde entre otros, a los siguientes motivos:
1. Los planes del actual gobierno en materia de ejecución penal, según sus propias declaraciones son muy claros: finalizar las macro-cárceles que están construyendo por todo el estado. El costo de construcción de cada centro asciende a casi 100 millones de euros y el tamaño medio de los centros que se propone es de más de 1.000 plazas. En el caso de Gran Canaria, ya se ha decidido su ubicación en el municipio de San Bartolomé de Tirajana con los siguientes datos:
Superficie parcela:
-
Superficie construida:
-
Superficie ocupada:
-
Número de plantas:
4
Celdas:
1008
Capacidad complementaria:
206
Ingresos:
72
Régimen cerrado:
50
Enfermería:
64

2. Estos planes, no hacen sino asentar la apuesta por un modelo de ejecución penal fundamentado en convertir el encarcelamiento de personas en un negocio que va desde la construcción de las infraestructuras, hasta la gestión y administración de los centros. Ni que decir tiene cuales son las consecuencias en las prisiones: incremento del número de personas presas y reproducción de las condiciones de encarcelamiento que traen consigo el hacinamiento, la enfermedad mental, violencia, muertes, suicidios, etcétera.
3. Existen múltiples medidas que ahora mismo contribuirían a desarrollar políticas alternativas destinadas a la modernización de las respuestas frente al delito, y a la erradicación de la situación infrahumana e ilegal que viven las personas encarceladas y sus familiares. Estas propuestas, al contrario que la cárcel, son una garantía de protección de la ciudadanía, en la mayoría de los casos implican escasas o nulas modificaciones legales, y siempre, unos costos económicos infinitamente menores a los miles de millones destinados en la actualidad a crear más macro cárceles.
4. Consideramos que además del importante reto de fondo: desarrollar a medio y largo plazo alternativas a la pena privativa de libertad experimentadas en otros países, para lo cual habrá de abrirse un profundo debate social y político sobre la despenalización, y un trabajo de investigación, experimentación y creación de nuevos marcos jurídicos e institucionales que permitan organizar formas de justicia alternativas a la "justicia penal": arbitraje, negociación, mediación, reconciliación, trabajo comunitario, servicios asistenciales, entre otros.
5. Para ello resulta imprescindible la paralización inmediata de los planes de edificación de macro cárceles porque no son necesarios más depósitos de personas abandonadas, sino el desarrollo de un sistema de prevención y lucha contra el delito alternativo al negocio del encarcelamiento de las personas más vulnerables en nuestra sociedad, un negocio subvencionado con dinero público, del que se benefician empresas privadas y particulares, y que tan solo contribuye a reproducir la inseguridad ciudadana.
6. No existe un diagnóstico sobre las necesidades de plazas (número, tipo, formas de cumplimiento) ni a nivel de la Comunidad Autónoma de Canarias, ni de Gran Canaria en particular que fundamenten la pertinencia de este proyecto y, se ha utilizado mediáticamente el argumento de que las cárceles de Salto del Negro y Tahiche están en condiciones deplorables no por una preocupación por las personas recluidas en ella, sino por el interés de justificar la necesidad de nuevas cárceles.
7. El actual modelo de prevención y lucha contra el delito que tenemos viene demostrando que se centra principalmente en la criminalización selectiva de colectivos en situación de exclusión social y de determinados tipos de disidencia política, no existiendo un debate político participativo sobre qué modelo y prioridades en la lucha contra el delito se ha de establecer desde los intereses generales y plurales de la ciudadanía y no desde los intereses particulares del estado y de sus aparatos de control policial y penal. Y mucho menos existe un diagnóstico y debate sobre las respuestas más adecuadas que hemos de articular para la prevención y tratamiento del delito.
Por todas estas razones rechazamos estos proyectos e instamos a todas las instituciones implicadas a que se pronuncien explícitamente en contra de la construcción de “Centros tipo” en Canarias como los planteados en la isla de Gran Canaria y la apertura de un debate sobre el modelo penitenciario en el archipiélago.
El debate está abierto y una de las actividades principales que desde el Chuchango verde queremos continuar impulsando y ampliando es la de alimentar, profundizar y extender esta vital discusión que no dudamos será un factor para romper, o al menos alterar, la inercia con la que se viene imponiendo un modelo único de ejecución penal que no deja de ser continuista, ineficaz y perverso en el sentido de estar sustentado en una contradicción endémica entre los objetivos confesados sobre el papel que supuestamente cumple el actual sistema de justicia criminal en la lucha contra el delito, y sus efectos reales que nada tienen que ver con su misión declarada.

Visita www.chuchangoverde.com

No soy canaria, soy peninsular, pero eso no implica que no esté con los canarios, si el terreno no es para ese servicio, las autoridades deberían velar por los ingresos de sus ciudadanos, sobre todo, si es el turismo el que hace que muchas personas tengan unos ingresos, ingresos que levantan familias, y familias que levantan a esos políticos, porque sin esas familias no estarían donde están. Políticos de Canarias, estais ahí, como todos, por los votos de los españoles, y debeis tened en cuenta sus opiniones y sus deseos. Buscad el lugar cerca de vuestros chalets, y si os parece buen ambiente, construíd allí lo que querais, con las debidas licencias.