Canarias7
Gabriel Suárez
Las Palmas de Gran Canaria

El Consejo Abierto de Vecinos deastillo del Romeral ha solicitado al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que recupere las competencias en el suelo rústico de Juan Grande, cedidas en su día a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, y precinte las obras de la macrocárcel.

En un escrito presentado ante el Ayuntamiento tirajanero el Consejo Abierto pide que cada concejal individualmente se sume a la propuesta de convocar un pleno de carácter extraordinario para recuperar las competencias en suelo rústico, debido a que son los vecinos quienes actualmente están haciendo las funciones de vigilancia.

Los vecinos consideran que tienen que ser el Ayuntamiento y la Policía Local quienes asuman las labores de vigilancia debido al gran preligro de levantamiento y tumulto público. Además indican que las acciones realizadas por los vecinos, «suponen un grave riesgo para la salud de los mismos, al ser una gran mayoría de ellos personas mayores, y tener que realizar continuamente guardias a horas intempestivas, tanto de madrugada como con el calor del mediodía».

«Es más», añaden, «cada día por la mañana, estos vecinos se tienen que poner delante de la maquinaria de la empresa Hermanos Tito, para impedir que esta continúe con los trabajos, que seguirían realizándose, de no ser impedidos por los propios vecinos».

Precinto. El Consejo Abierto propone no sólo que el Ayuntamiento recupere las competencias en el suelo rústico de los Llanos de Juan Grande, sino que a continuación lleve a efecto el precinto de la obra de desmonte que se ejecuta en dichos terrenos, «al carecer los mismos de los permisos y realizarse de forma ilegal, como se ha establecido en numerosas actas de infracción urbanística formuladas por los agentes de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana».

Para el supuesto de que la empresa adjudicataria de los trabajos estime indefensión, los vecinos recomiendan a los propietarios de la misma que acudan a la vía judicial, para que sea un juez quien dictamine en derecho si la obra paralizada se encuentra amparada por la legalidad.

La solicitud del pleno realizada por el Consejo Abierto hasta el momento ha encontrado apoyos en ediles de AV, NC y grupo Mixto, desconociéndose que harán los concejales del PSOE.

En el día de hoy se ha producido un triste hecho que el Consejo de Vecinos de Castillo del Romeral venía anunciando: enfrentamiento entre los vecinos que están haciendo guardia en las obras, los trabajadores de la empresa "Hermanos Tito" y la Policía Nacional.

Esta empresa comenzó, con sus maneras siempre sibilinas y provocadoras, los trabajos antes de que los vecinos entraran a la zona de obras (Zona Cero), como vienen haciendo diariamente, para impedir su reanudación. Inmediatamente, los allí personados se interpusieron frente a las máquinas, originándose el enfrentamiento.

El Consejo quiere denunciar la actitud de la Policía Nacional que solicita, día sí y otro también, el DNI a los vecinos y, para colmar el vaso ya de por sí colmatado, les acusaron diciendo que: "... ustedes (por los vecinos) son los que están aquí ilegalmente." (¡viva la Democracia!), lo que calentó aún más, si cabe, los ánimos de los congregados teniendo en cuenta que quién está realmente cometiendo ilegalidad, y esto ya es vox populi, es la susodicha empresa "Hermanos Tito".

Los vecinos reclamaron la presencia de la Policía Local que se personó minutos después levantando la enésima acta donde se refleja que la empresa carece de permisos y, posteriormente, el Consejo acordó denunciar a la empresa y a la Policía Nacional en el Juzgado de Guardia. Se acordó asimismo, seguir denunciando estos hechos en los Juzgados toda vez que se produzcan de esta manera.

Este tipo de hechos vienen a corroborar el por qué el Consejo de Vecinos pedimos, hace varios días y por vía urgente al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que recuperen las competencias en materia de Disciplina Urbanística cedidas a la Agencia del Medio Natural para proceder al precinto inmediato de las obras ilegales.

En el Consejo sospechamos que cualquier día podría suceder un hecho grave del cual nos arrepintamos luego, puesto que el enfurecimiento, hastío y cansancio provocados al realizar una labor que es competencia del Ayuntamiento, hacen mella en el ánimo de estos vecinos que, en esas primeras horas del día, en su mayoría lo conforman personas mayores jubiladas que tienen más disponibilidad de tiempo. Este deplorable e irresponsable tipo de actitudes pueden revertir negativamente en el estado de salud de estas personas y deseamos que esta injusta presión, sufrida siempre por el "más débil" aún teniendo la razón (documentos, denuncias, etc., avalan esta afirmación), no se vuelva a repetir en previsión de alguna desgracia.

En cualquier caso, es nuestro deber hacer un llamamiento a la calma, ya que se ha interpuesto denuncia de los hechos y, ahora, son los Juzgados los que deberán resolver. Por nuestra parte, seguiremos denunciando estas indefensiones y provocaciones a las que nos quieren someter.

¡POR EL FUTURO DEL SUR! ¡HAZ OÍR TU VOZ! Mañana, todos a la manifestación.

A VER, solo un comentario. ¿que hacemos o que le decimos a las familias de los presos canarios que están siendo enviados a la península por la masificación de Salto del Negro?.No pueden costearse el viaje para ver a sus parientes presos en otras provincias. Creo que estos canarios merecen solidaridad por parte del resto de la sociedad canaria.Nos guste o no, la poblacion presa en canarias en altísima ( sea por la razon que sea)

Lo lógico sería que los familiares también participasen en estas cuestiones.

La Asociación Chuchango Verde rechaza la construcción de una macro cárcel en Gran Canaria.
La aprobación del Plan de Centros Penitenciarios del Consejo de Ministros del viernes 18 de noviembre de 2005, a partir del cual se decide construir una macro cárcel en Gran Canaria, lejos de solucionar el actual problema de hacinamiento que sufre la prisión de Salto del Negro, es una apuesta por políticas manifiestamente contrarias a la reinserción de la persona penada. Baste comprobar el diagnóstico de las personas habitantes de las citadas instalaciones, para comprobar que no se necesitan más cárceles, sino más medidas alternativas. Esta idea, queda reforzada por el escaso éxito de las cárceles para frenar la delincuencia y por consiguiente lograr una efectiva reinserción. El coste económico de las mismas supera el triple que el de un centro alternativo como veremos más tarde.
Tanto las cárceles canarias como las del resto del estado, están repletas de presos enfermos, el 80% son drogodependientes, 1 de cada 3 sufre Hepatitis C, y el 15% tiene VIH. El número de enfermos mentales en prisión es elevado, y en aumento desde la puesta en marcha de los juicios rápidos que dificultan su detección. Las infracciones origen de las condenas se deben mayoritariamente a pequeños delitos contra la propiedad, a fin de sufragar la drogadicción. El 70% de los que reinciden -a la que se va convirtiendo en su segunda casa- se debe a delitos contra la propiedad. El 14% se debe a delitos relacionados con el tráfico de drogas. La tasa de delincuencia grave es mínima. Los robos con violencia e intimidación y los delitos contra la libertad sexual no suponen ni el 5% del total, y los homicidios no llegan al 2% de los mismos.
Los resultados de la actual política penitenciaria hablan por sí solos. El fracaso del actual sistema de macro cárceles es estrepitoso, el 73% de los actuales presos han sido condenados con anterioridad. De los excarcelados el 49% vuelven a prisión en un corto periodo de tiempo, en menos de tres años.
Así pues, ante este panorama de una población penitenciaria mayoritariamente enferma, que comete delitos de leve peligrosidad y que no logra su reinserción en el actual modelo, no queda sino proponer un debate serio, a fin de introducir una nueva política penitenciaria, que se sustente en la prevención, y en atención/subsanación de las causas origen de la delincuencia, que no son sino la exclusión social de que proceden y a donde se reintegran una vez extinguida la condena, así como la creación de centros alternativos de atención al drogodependiente, enfermo mental y discapacitado intelectual, a fin de lograr el fin de la delincuencia y una efectiva reinserción. Todo ello acompañado de una nueva política de drogas que debata su legalización y ponga fin a la criminalización de los drogodependientes.
El interés social es evidente, y el económico claro, véase la diferencia espectacular entre los costes que genera al Estado de una persona que se encuentra en prisión a otra que está en una Comunidad Terapéutica.
La cantidad destinada a la política penitenciaria se distribuye aproximadamente:
- 86.82% a instalaciones, administración y vigilancia.

- 13.16% a programas de rehabilitación y reinserción

- Cantidad anual que cuesta al Estado la plaza de persona presa en un centro penitenciario: 12.659,60 €...

- Cantidad anual que cuesta cada nueva plaza en una macro cárcel: 32.850 €, es decir, más de 5 millones de ptas.

- Por día en macro cárcel 90 €

- Por día en un programa de rehabilitación 18 €
Así pues, rehabilitar a todos los presos con problemas de drogadicción costaría anualmente en España unos 309.310.879 €, entre programas de rehabilitación y comunidades terapéuticas. Mientras que el coste anual que representan las personas presas al Estado oscila en torno a los 973.639.609 €. Por ello, debería destinarse el dinero previsto en centros de esta naturaleza y no en incrementar los Centros Penitenciarios.
Por otro lado, la extensión de la utilización de medios telemáticos, con las adecuadas garantías para no vulnerar los derechos de los presos, puede ser un medio útil para evitar el actual hacinamiento en las prisiones.
Por eso desde la Asociación Sociocultural Chuchango Verde, queremos mostrar a la sociedad, a sus instituciones y a los partidos políticos nuestra preocupación por la falta de claridad y de criterio a la hora de tomar la importante y trascendente decisión de futuro de construir una macro cárcel en la isla de Gran Canaria, tal y como tiene aprobado y proyectado el actual Gobierno del estado.
El rotundo rechazo a la construcción de un centro de este tipo en nuestra tierra responde entre otros, a los siguientes motivos:
1. Los planes del actual gobierno en materia de ejecución penal, según sus propias declaraciones son muy claros: finalizar las macro-cárceles que están construyendo por todo el estado. El costo de construcción de cada centro asciende a casi 100 millones de euros y el tamaño medio de los centros que se propone es de más de 1.000 plazas. En el caso de Gran Canaria, ya se ha decidido su ubicación en el municipio de San Bartolomé de Tirajana con los siguientes datos:
Superficie parcela:
-
Superficie construida:
-
Superficie ocupada:
-
Número de plantas:
4
Celdas:
1008
Capacidad complementaria:
206
Ingresos:
72
Régimen cerrado:
50
Enfermería:
64

2. Estos planes, no hacen sino asentar la apuesta por un modelo de ejecución penal fundamentado en convertir el encarcelamiento de personas en un negocio que va desde la construcción de las infraestructuras, hasta la gestión y administración de los centros. Ni que decir tiene cuales son las consecuencias en las prisiones: incremento del número de personas presas y reproducción de las condiciones de encarcelamiento que traen consigo el hacinamiento, la enfermedad mental, violencia, muertes, suicidios, etcétera.
3. Existen múltiples medidas que ahora mismo contribuirían a desarrollar políticas alternativas destinadas a la modernización de las respuestas frente al delito, y a la erradicación de la situación infrahumana e ilegal que viven las personas encarceladas y sus familiares. Estas propuestas, al contrario que la cárcel, son una garantía de protección de la ciudadanía, en la mayoría de los casos implican escasas o nulas modificaciones legales, y siempre, unos costos económicos infinitamente menores a los miles de millones destinados en la actualidad a crear más macro cárceles.
4. Consideramos que además del importante reto de fondo: desarrollar a medio y largo plazo alternativas a la pena privativa de libertad experimentadas en otros países, para lo cual habrá de abrirse un profundo debate social y político sobre la despenalización, y un trabajo de investigación, experimentación y creación de nuevos marcos jurídicos e institucionales que permitan organizar formas de justicia alternativas a la "justicia penal": arbitraje, negociación, mediación, reconciliación, trabajo comunitario, servicios asistenciales, entre otros.
5. Para ello resulta imprescindible la paralización inmediata de los planes de edificación de macro cárceles porque no son necesarios más depósitos de personas abandonadas, sino el desarrollo de un sistema de prevención y lucha contra el delito alternativo al negocio del encarcelamiento de las personas más vulnerables en nuestra sociedad, un negocio subvencionado con dinero público, del que se benefician empresas privadas y particulares, y que tan solo contribuye a reproducir la inseguridad ciudadana.
6. No existe un diagnóstico sobre las necesidades de plazas (número, tipo, formas de cumplimiento) ni a nivel de la Comunidad Autónoma de Canarias, ni de Gran Canaria en particular que fundamenten la pertinencia de este proyecto y, se ha utilizado mediáticamente el argumento de que las cárceles de Salto del Negro y Tahiche están en condiciones deplorables no por una preocupación por las personas recluidas en ella, sino por el interés de justificar la necesidad de nuevas cárceles.
7. El actual modelo de prevención y lucha contra el delito que tenemos viene demostrando que se centra principalmente en la criminalización selectiva de colectivos en situación de exclusión social y de determinados tipos de disidencia política, no existiendo un debate político participativo sobre qué modelo y prioridades en la lucha contra el delito se ha de establecer desde los intereses generales y plurales de la ciudadanía y no desde los intereses particulares del estado y de sus aparatos de control policial y penal. Y mucho menos existe un diagnóstico y debate sobre las respuestas más adecuadas que hemos de articular para la prevención y tratamiento del delito.
Por todas estas razones rechazamos estos proyectos e instamos a todas las instituciones implicadas a que se pronuncien explícitamente en contra de la construcción de “Centros tipo” en Canarias como los planteados en la isla de Gran Canaria y la apertura de un debate sobre el modelo penitenciario en el archipiélago.
El debate está abierto y una de las actividades principales que desde el Chuchango verde queremos continuar impulsando y ampliando es la de alimentar, profundizar y extender esta vital discusión que no dudamos será un factor para romper, o al menos alterar, la inercia con la que se viene imponiendo un modelo único de ejecución penal que no deja de ser continuista, ineficaz y perverso en el sentido de estar sustentado en una contradicción endémica entre los objetivos confesados sobre el papel que supuestamente cumple el actual sistema de justicia criminal en la lucha contra el delito, y sus efectos reales que nada tienen que ver con su misión declarada.

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