SANTA CRUZ. Coincidiendo con el aniversario del levantamiento militar, propiciado por el General Franco en Canarias el 18 de julio, el grupo socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz propuso ayer ante el pleno de la Corporación una moción en la que se instaba, entre otras cosas, a cambiar el nombre de la Rambla General Franco por el de «Rambla Islas Canarias».
La iniciativa comprendía, además, que el Ayuntamiento reconociera como «radicalmente injustos» los acuerdos adoptados durante la dictadura, remitiera la documentación que desearan obtener del Ministerio de Justicia para la declaración de reparación y reconocimiento personal de familiares de las víctimas, además de «facilitar de modo activo» la identificación de las personas desaparecidas violentamente en el municipio.
Cumplir con la Ley
La portavoz socialista, Gloria Rivero, aseguró que esta moción, «es fruto del cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica», aprobada en 2007. Por tanto, exigió «su inaplazable cumplimiento, en pos de una voluntad de consenso de todas las fuerzas políticas». La moción también recalcaba «la necesidad» de retirar cualquier símbolo de exaltación de la sublevación militar, y que se «eliminaran» las subvenciones a los propietarios privados que no actuasen conforme a la citada Ley.
El portavoz del grupo de gobierno, el nacionalista José Alberto Díaz, mantuvo que toda la Institución «comparte el espíritu de la iniciativa», pero destacó que la Ley de Memoria Histórica no era vinculante, «por lo que no es necesaria su aplicación inmediata». A su juicio, hay medidas que son «fácilmente» aplicables como reprobar los acuerdos injustos durante la dictadura o facilitar la documentación que los familiares de víctimas solicitaran.
Sin embargo, consideró «más complicado» identificar a los desaparecidos, «ya que es normal que esa propuesta parta de los familiares y no del Ayuntamiento, que en ningún caso puede actuar de oficio». También, consideró «complejo» retirar las subvenciones municipales a las personas que no se avengan a quitar de sus propiedades simbología franquista, «pues la propia Constitución reconoce la libertad de opinión e ideas». Díaz recriminó al PSOE que el nombre de determinadas calles, «pudiera considerarse como un mecanismo de exaltación de la dictadura», y expuso que no veía la «urgencia» de tales medidas.
Con todo esto, pidió a la oposición que se sumara a un texto alternativo que creaba una comisión que durante 6 meses estudiará la viabilidad de aplicar las enmiendas. Rivero, a pesar de no mostrarse en contra, volvió a pedir que como muestra de «buena voluntad», por parte del pleno, se retirara el nombre de General Franco de la rambla, «pues como es habitual en el Consistorio se crean comisiones que se alargan en el tiempo sin tomar ninguna propuesta concreta».
Posición ilógica y populista
En este punto el alcalde de Coalición Canaria, Miguel Zerolo, intervino y subrayó que no es «lógica» la postura socialista de insistir en esa «dilación» en el tiempo, «pues el propio Gobierno central no ha desarrollado el reglamento que regula la propia Ley que se quiere aplicar», y pidió «tranquilidad» a la bancada socialista, «porque es constatable que en otros municipios donde ustedes gobiernan no se ha retirado el nombre a ninguna calle».
Zerolo resaltó que el Ayuntamiento ya había tomado iniciativas en este sentido, «como cambiar el nombre de la Avenida 18 de julio por el de Juan Pablo II», e insistió en el afán «populista» de la oposición, «por querer que los medios recojan que el Ayuntamiento aprueba el cambio de nombre gracias al PSOE». Zerolo matizó que las postura del Ayuntamiento capitalino «no era nueva», pues muchas corporaciones locales habían prorrogado la toma de este tipo de decisiones hasta que el Ejecutivo central no desarrollara la propia ley. Así, puso como ejemplo a Madrid, «donde su alcalde, Alberto Ruíz Gallardón, prefirió no pronunciarse, y no tomar ninguna medida precipitada, antes de ver el sentido y las formas en las que se ejecuta la ley». Finalmente, Rivero, a pesar de lamentar la falta de acuerdo, si suscribió, junto con todos los grupos que conforman la Corporación, la propuesta alternativa que durante los próximos 6 meses, estudiará las medidas a adoptar para cumplir con la Ley de la Memoria Histórica en el municipio de Santa Cruz.