1.-Malí aprueba la ley de privatización de la algodonera nacional

afrol News, 5 de Agosto - El parlamento de Malí ha adoptado por mayoría aplastante un proyecto de ley que conducirá a la privatización de la compañía algodonera nacional.

La privatización de la Compañía Malí de Desarrollo del Sector Textil, apoyada por 117 legisladores, está en sintonía con las demandas del Banco Mundial respecto a que el gobierno garantice que el proyecto de ley se apruebe "no más tarde de finales de julio de 2008". Veinte parlamentarios se opusieron a la ley y cinco se abstuvieron de votar.

La empresa será reemplazada por cuatro nuevas compañías. La participación del 92,38% del estado se reducirá al 7,6%. Así, Geo-cotton recibirá el 17% de las acciones mientras que el resto del capital para cada una de las cuatro nuevas compañías en perspectiva será repartido hasta un total del 61% de las acciones. Los productores y los trabajadores recibirán respectivamente el 20% y el 2% de los valores.

El gobierno de Malí ha indicado que la reforma está destinada a ayudar a incrementar la producción de algodón, la mejora de la gestión y el sustentamiento de la industria. Los diputados de la bancada gobernante consideran que la privatización revertirá la reducción constante de la producción y el déficit crónico de esta industria multimillonaria.

Los diputados de la oposición votaron contra el proyecto de ley argumentando que las nuevas compañía que se espera se establezcan no serán económica o financieramente viables a finales de año.



2.-El gobierno de Malí desaprovecha los recursos auríferos del país

afrol News, 19 de Septiembre de 2007 - La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha hecho público el informe de una misión internacional de investigación que arroja luz sobre los efectos negativos de la política minera de Malí para el desarrollo del país.

Desde 2003, Malí es el tercer productor de oro en África. La explotación industrial de las minas de oro suscitó enormes esperanzas para el desarrollo económico de Malí: el aumento de los recursos del estado debería haber tenido una influencia positiva sobre las inversiones públicas en materia de educación, de sanidad, de infraestructura, etc. Por otra parte, la implantación de una industria extractiva hacía esperar efectos benéficos para las comunidades locales, según informa la FIDH.

Sin embargo, el oro no ha permitido a Malí salir de la pobreza: el país se sitúa en la posición número 175 (de 177) en el índice de desarrollo humano. La FIDH señala que los códigos mineros desarrollados con el apoyo del Banco Mundial promovían la inversión extranjera ofreciendo a las empresas amplias exenciones fiscales durante 5 años, privando así al estado de recursos que podría obtener de esta actividad económica, especialmente cuando la explotación de una mina rara vez pasa de los 10 ó 15 años.

"La explotación de oro es un sector destinado únicamente a la exportación que crea poco empleo y no repercute en el conjunto de la economía. Por otra parte, las políticas de responsabilidad social de las empresas multinacionales presentes en Malí son a menudo insuficientes, incluso inadaptadas, y las empresas no respetan siempre la legislación nacional en materia de derecho del trabajo, como lo ilustra el conflicto entre el sindicato de Morila SA y la Somadex sobre el pago de las primas de rendimiento", declaró Paul Nsapu, secretario general de la FIDH.

"El estado, receptor, accionista minoritario y regulador público a la vez, atenazado por la corrupción no tiene medios para controlar a los actores privados y asegurar que sus actividades contribuyan a la realización de los derechos humanos en Malí", añadió Isabelle Gourmelon, encargada de la misión de la FIDH.