La globalización de los mercados de trabajo y el desarrollo económico experimentado por España han impulsado uno de los mayores y más apreciables cambios sociales de la historia del país: el aumento de la inmigración. Este fenómeno ha tenido una especial incidencia en Canarias, en gran medida por el carácter fronterizo del Archipiélago, que se alza como una de las principales puertas de acceso a la Unión Europea. Hoy, los 179.493 extranjeros residentes en Canarias -según datos de 2003- constituyen el 9,4 por ciento del total de la población canaria, establecida actualmente en unos 1.894.868 individuos.

Esta proporción resulta casi idéntica al referirnos al número de altas en el sistema de la Seguridad Social correspondientes a extranjeros en Canarias: un 9,3 por ciento -cerca de una de cada diez- han sido tramitadas por foráneos, superando en más de tres puntos la media española. De este modo, los extranjeros dados de alta en la Seguridad Social en las Islas pasaron, en cuatro años, de los 33.549 registrados en 1999 a los 61.768 de 2003. Su número casi se ha doblado.

Según los datos de junio de 2004, del total de 704.720 trabajadores afiliados, 65.277 son foráneos. No en vano, este hecho coloca al Archipiélago en la quinta posición en lo referente a altas de este tipo en el sistema de protección social. Sobre Canarias figuran comunidades como Andalucía, con 120.431 extranjeros afiliados; la Comunidad Valenciana, con 122.800; Madrid, con 229.882 extranjeros; y Cataluña, con un total de 242.343. En este punto cabe señalar que si el envejecimiento de la población española sigue su curso pese a la influencia de los movimientos migratorios, las nuevas cotizaciones al régimen de la Seguridad Social por parte de extranjeros son un elemento muy a tener en cuenta en el futuro inmediato de las Islas: en una sociedad anciana, el sistema de pensiones puede llegar a tener garantizada su pervivencia gracias a estas nuevas contribuciones foráneas.

Por otra parte, el análisis de los contratos registrados a trabajadores asalariados extranjeros en Canarias ofrece datos reveladores sobre los principales países de procedencia de estos empleados, así como sobre los sectores del mercado laboral que en mayor medida captan la inmigración. Las estadísticas del Observatorio de Empleo de Canarias correspondientes a 2003 revelan un volumen de contratación de foráneos del 13,5 por ciento del total. Así, de los 92.868 contratos a extranjeros registrados el año pasado, más de la mitad se hizo a personas de sólo seis países: Colombia, con un 13,2 por ciento; Marruecos, con el 10,6; Italia, con el 9,1; Cuba, con el 6,8; el Reino Unido, con un 6,6; y Alemania, con el 6,2 por ciento.

COLOMBIA A LA CABEZA. Los últimos datos disponibles, referentes a las contrataciones registradas durante el pasado mes de junio, revelan que Canarias contabilizó sólo en ese período 8.709 nuevos contratos a extranjeros y que las proporciones referentes a 2003 vuelven a repetirse casi en la misma medida. Más de 1.200 colombianos accedieron a un puesto de trabajo durante ese mes, lo que representa el 14,3 por ciento de las contrataciones a foráneos. Detrás, los ciudadanos naturales de Marruecos copan el 9,6 por ciento del total con 837 contratos. De nuevo, Italia se convierte en la tercera nación en cuanto a la procedencia de trabajadores extranjeros: su volumen de empleados para junio superó los ochocientos contratos laborales, con un 9,4 por ciento, una cifra similar a la de los ciudadanos de procedencia marroquí.

Más abajo quedan los ciudadanos cubanos, con 556 individuos empleados y el 6,4 por ciento del total; los británicos, con 553 e idéntico porcentaje, y los alemanes, con 441 contratos y un 5,1 por ciento de la cifra global para ciudadanos extranjeros. Por continentes, Iberoamérica roza la mitad de los nuevos contratos -el 40,3 por ciento- y encabeza con amplia diferencia la tabla, seguida del Espacio Económico Europeo, con el 30,1 por ciento, y �frica, que acapara el 20,3 por ciento.

PERFIL LABORAL. Las ocupaciones que los residentes foráneos en las Islas desempeñan al formalizar un contrato dibujan un mapa claro y centrado en pocos sectores del perfil laboral del inmigrante. Según el Informe sobre Migración Laboral de Canarias del Observatorio de Empleo de Canarias, existe una clara mayoría de extranjeros dedicados al sector servicios, aunque el volumen de ciudadanos africanos ocupa el primer puesto en cuanto a ocupación en el sector de la construcción. Asimismo, el informe revela que los más jóvenes pertenecen al Espacio Económico Europeo y que -salvo en el caso de los inmigrantes africanos, con una mayoría de hombres- la proporción por sexos no varía en una medida considerable.

Estos datos dibujan una realidad social muy distinta de la existente hace dos décadas. No en vano, el aumento constante de la población extranjera en las Islas ha llevado a los organismos a plantear una readaptación de las estructuras públicas para dar cabida a este aumento poblacional inherente a la inmigración, un hecho que presagia importantes repercusiones sociales y económicas, ya apreciables, sobre Canarias.

De hecho, el aumento de la inmigración no ha acontecido en Canarias sin dejar una profunda huella, algo que ha llevado a las instituciones insulares a lanzar advertencias sobre la incidencia de este fenómeno. El Consejo Económico y Social de Canarias (CES), en su último dictamen sobre dinamización económica y del empleo, revela la necesidad de adoptar medidas económicas concretas para actuar sobre el menor dinamismo de la economía y el mantenimiento del alto crecimiento de la población en las Islas.

Según el CES, Canarias es "incapaz de absorber los aumentos poblacionales masivos, procedentes en un 75 por ciento de la inmigraciónâ??, un movimiento poblacional que ha llevado a triplicar el número de foráneos desde 1996. A juicio del CES, los rápidos aumentos de la población activa provocan una subida del paro en un archipiélago en el que apenas se crea empleo

El Consejo Económico sentencia: â??Lo que hoy constituye una fortaleza en cualquier economía occidental -el crecimiento poblacional- en el caso de Canarias se puede convertir en un problema. Las razones son muy sencillas: por un lado, la economía canaria es incapaz de absorber el fuerte ritmo de crecimiento poblacional originado por las corrientes inmigratorias, especialmente en su mercado laboral; por otro, la limitación que impone el territorio insular y la fragilidad del medio ambiente, así como la voluntad social amparada por la normativa europea de preservar y proteger la mitad de su territorio como valor medioambiental y activo para la principal actividad económica, el turismo. Lo que provoca que la capacidad de acogida, en términos de densidad poblacional, esté también limitada. El fuerte crecimiento de la población genera desequilibrios en el mercado laboral, servicios sociales e infraestructurasâ??.

LA NECESIDAD DE REPLANTEAR LAS GARANT�AS SOCIALES. A menudo se ha argumentado, en lo que a servicios públicos se refiere, que la inmigración implica un incremento acelerado de la demanda de estas prestaciones, en especial las de carácter educativo y sociosanitario. De hecho, este tipo de movimiento poblacional precisa una urgente expansión de las garantías sociales en Canarias y la implantación de nuevos servicios específicos de atención al inmigrante, sobre todo en los lugares de llegada y residencia del mayor volumen de inmigrantes.

Asimismo, la concepción tan extendida de la inmigración como un fenómeno perjudicial â??reflejado en los puntos referentes a evolución económica y del empleo del informe del CES- resulta a menudo errónea. Parece evidente que este fenómeno produce en la mayoría de los casos â??si no en todos- ingresos adicionales para la sociedad receptora, un aporte que podría superar, dado el caso, el coste de todos aquellos servicios adicionales que implica este aumento acelerado de la población extranjera y, en consecuencia, de la población total de las Islas.

De este modo, cabe señalar la importancia de acometer una racionalización de la distribución de los beneficios que genera la inmigración y de las competencias de las Administraciones al respecto, poco adaptadas al fenómeno. Este tipo de ajustes, la readaptación de las estructuras sociales a los flujos migratorios, no es en ningún caso responsabilidad de los inmigrantes, sino la sociedad receptora y sus instituciones.

Dicho de otra forma: si la población crece de una forma acelerada resulta necesario adaptar las infraestructuras y los servicios a la misma velocidad. El problema en Canarias es, básicamente, de rapidez de ajuste. En este sentido, la idea de la capacidad limitada de un territorio para acoger flujos migratorios pierde validez en el caso del Archipiélago. Sirva como ejemplo el caso de Fuerteventura, que con una densidad de población muy baja acoge una evolución poblacional tan rápida que la capacidad de respuesta requiere que se efectúe un esfuerzo mucho más acelerado.

En muchos casos la idea de la capacidad limitada de Canarias para recibir un volumen adicional de habitantes se ha levantado como caballo de batalla de los detractores de unas Islas â??de puertas abiertasâ??. La supuesta fragilidad medioambiental y económica en este proceso, el tan temido freno que presuntamente impone la inmigración al desarrollo sostenible, son dos aspectos que pocas veces han podido ser demostrados.

En el caso del mercado de trabajo, la lucha contra la economía sumergida y el fomento de la calidad en el empleo deben alzarse como los principales retos para lograr una mayor integración de los inmigrantes y, a la vez, un ajuste a la realidad de los datos de empleo para extranjeros, actualmente ensombrecidos por la amplia presencia de estas formas ocultas de trabajo. Por otro lado, Canarias registra una diferencia superior al 8 por ciento entre los datos del Padrón y del Censo de habitantes, prueba de la falta de racionalización administrativa al respecto. Es este hecho, y no la inmigración en sí misma, el que implica mayores dificultades a la hora de llevar a cabo una planificación económica y social acorde con el volumen de población.

En definitiva, no se puede utilizar la preocupación que a menudo desata la inmigración en el marco de las sociedades receptoras como excusa para justificar los fallos de un modelo de desarrollo que hoy en día, y no por el aumento acelerado de la población, hace aguas en Canarias.